¡Los propietarios deciden!

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Andres Charry.

Los propietarios de los medios; deciden que se ve, que se oye, que se comenta, quién dónde y cuándo

El doloroso caso de abusos y falsas superioridades morales, éticas y económicas; donde una mujer de 65 años, Doña Eddy Fonseca (con nombre y apellido, porque nos hemos acostumbrado a que las víctimas sean solo cifras), no es el resultado de las condiciones impuestas por la pandemia causada por el sarscov2, crudamente es un reflejo de lo que históricamente ha sido Colombia, tampoco es causa del virus que estos casos se hagan visibles por los medios, es solo que muy bien han estado pagados los medios hegemónicos, para ocultar esas realidades que no se ven por la televisión, pero son las vivencias de la mayoría de los colombianos de a pie día tras día, las autoridades discretamente ponen la mirada en sus ombligos; con tal que sus patrones, aquellos de la política y los negocios, no les salgan a relucir sus pocas condiciones humanistas, y así con todo.

Los propietarios de los medios; deciden que se ve, que se oye, que se comenta, quién dónde y cuándo. Aquella clase propietaria hoy poseen casi el 90%, de la riqueza del país, pero son sólo máximo el 5% de la población, los otros; los desposeídos, los que no somos propietarios, recibimos sólo cifras de desconsolación y negativas estatales para las mejoras de nuestras condiciones de vida, aquí somos contrario a las cifras anteriores; el 90% de la población y de esa riqueza nos quedan las migajas que nos toca peleárnoslas entre nosotros mismos a razón de ser llamados ATENIDOS, y esta vez sí, la emergencia ocasionada por el SARSCov2, deja ver completamente como es el funcionamiento del aparato estatal, en manos de gobiernos que han decidido gastar en mejorar la imagen de sus representantes; por un lado 3500 millones de pesos a nivel nacional y 6000 millones en la capital, una pelea de egos donde el pueblo paga con hambre y desatención.

La pandemia nos va mostrando las “jugaditas” del Gobierno Nacional y los gobiernos locales y su hambre de corrupción, la están viendo fácil para que los propietarios salgan lo mejor librados posibles de esta situación; mientras los que no poseemos, la condena es: la muerte. Ejemplos hay varios y la última semana varios hicieron eco en los medios,  el caso de Doña Eddy privada de la libertad para mantener la seguridad de un edificio estrato 6 en Bogotá, la alcaldesa que pide teletrabajo en el barrio María Paz, uno de los más pobres de Bogotá, las practicas esclavizantes y sin garantías laborales para las empresas de domicilios y mandados, indígenas desplazados y revictimizados que buscan techo y comida para sus hijos, estos son pocos, pero lo más grave son las garantías que siguen dando los Gobiernos Nacionales y locales para los “propietarios”.

Aquellas garantías en desmerito de las condiciones dignas de vida de la población; se recogen en la mayoría de decretos que con fuerza de ley nos imponen un nuevo ritmo de vida, que le permita a los propietarios mantenerse mientras la crisis, y preparar la cadena para ahorcarnos cuando sea el momento de reactivar la economía, y lo describiría así:

Decreto 444 sobre la creación de Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME). Es un decreto hecho a la medida de las necesidades de los grandes capitales, que temen una desaceleración de la economía, además que concentra el poder de la decisión de uso y destinación del fondo en el ya conocido Ministro Carrasquilla, dándole facultades plenipotenciales para la destinación  de los recursos, nunca es especifico en la descripción de los sectores de interés Nacional, ni la destinación  que estos sectores deban darle a los recursos, que podrían ser efectivos si se dirigieran a el mantenimiento efectivo de condiciones laborales, en definitiva es un instrumento necesario pero perverso en su destinación específica y su administración.

por un lado 3500 millones de pesos a nivel nacional y 6000 millones en la capital, una pelea de egos donde el pueblo paga con hambre y desatención.

Decreto 546 sobre excarcelación; las garantías mínimas para la vida, una medida inocua y sin beneficio real, dejando a un lado la concepción de los DERECHOS HUMANOS, de las personas actualmente privadas de la libertad, teniendo en cuenta casos como los de Villavicencio o Bogotá.

Decreto 467 Auxilios a deudores del ICETEX; prolonga el endeudamiento de los estudiantes fortaleciendo el modelo de privatización, de la educación y disminuye las condiciones para enfrentar la crisis por los deudores de créditos; además no toma medidas certeras, para aliviar medidas como los reportes en centrales de riesgo.

Decreto 486 Incentivos a los “productores del campo”, no es claro en el desarrollo de la dinámica poblacional y le lanza salvavidas a los bancos, que tienen líneas específicas agropecuarias, más allá de darle beneficio real a los productores, de igual manera como no especifica poblacionalmente los beneficios, le da cabida a los terratenientes a quedarse con la mayor parte de los beneficios agropecuarios; excepto el bono para los mayores de 70 años, no tiene disposiciones específicas para mujeres productoras rurales que en Colombia, alcanzan a ser casi el 70% de la población rural productora.

Decreto 440 Contratación estatal; no es claro sobre la supervisión que pueden ejercer los entes de control y deja a consideración del contratante la descripción de la necesidad pertinente, que sobreviene en relación a la pandemia, no es especifico en el desarrollo de procesos de contratación y la agregación de oferta permite que cualquier particular pueda ofertar servicios o bienes; para los cuales pueda no estar autorizado, el decreto le da carta blanca a mandatarios y servidores para abusar de la confianza depositada para la contratación, es la puerta a la corrupción desde la contratación local.

Decreto 512 Presupuestos Locales, el regalo que otorga Iván Duque a alcaldes y gobernadores para hacer traslados presupuestales, sin importar la destinación con tal de “mitigar” los efectos de la pandemia, nunca es claro que es la función de mitigar.

Y así una larga lista de instrumentos legales con fuerza de ley (que podemos revisar en siguientes columnas), que más que generar condiciones aceptables para sobrellevar la crisis se convierten en los salvavidas de aquellos “PROPIETARIOS” los que deciden quien vive y quien muere, y esas condenas de muerte directamente conectadas con la función económica que puede representar cada individuo, endeudamiento bancario, posibilidad de fuerza laboral, posicionamiento político, de esta manera ese 90% de la población los que nos somos propietarios nos convertimos todos los días en más Doña Eddy, secuestrados y disminuidos en nuestros derechos por aquellos Propietarios que son los que Deciden.

Andres Charry
Profesional con estudios en ingeniería química y economía ecológica, docente universitario por más de 10 años e investigador en temas ambientales, desarrollo sostenible, ordenamiento territorial y dinámicas campesinas, político y academico, se ha desempeñado como director de economía rural y abastecimiento de BOGOTÁ, asesor del senador Gustavo Petro y parte del equipo programático de Colombia Humana, además de distinciones académicas como la mención de Honor de premio nacional de ciencias e investigación.

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