La Unesco (2014) enfatiza la importancia de una formación integral que trascienda la capacitación técnica, promoviendo una educación inclusiva centrada en sujetos críticos, reflexivos y multidimensionales. Esta formación debe ser guiada por profesionales competentes y orientada al desarrollo de competencias ciudadanas que favorezcan la participación y el reconocimiento del otro. Esta visión se alinea con Edgar Morin (1999), quien en Los siete saberes necesarios para la educación del futuro propone una educación orientada a la comprensión compleja del ser humano y su entorno.
Morin señala que la primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento. El primer objetivo de la educación del futuro será dotar a los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento y, al mismo tiempo, enseñarles a convivir con sus ideas, sin ser destruidos por ellas. (p. 8)
En términos generales, las instituciones educativas de carácter técnico y tecnológico están conformadas por individuos que pertenecen a diversos grupos sociales, lo cual suscita diferencias y enfrentamientos que generan la necesidad de desarrollar una pedagogía para la paz que armonice la convivencia en los ambientes escolares, mediante un adecuado manejo y resolución de los conflictos que se originan en las aulas.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Colombia orienta su misión hacia una formación profesional integral que favorezca la inserción de las personas en actividades productivas, impulsando el desarrollo social, económico y tecnológico del país. Además, sus principios éticos destacan la preservación de la vida y la dignidad humana, promoviendo el compromiso, la responsabilidad y la convivencia pacífica dentro de la comunidad educativa (SENA, 2024).
Comprender las dinámicas de paz y convivencia en las instituciones técnicas y tecnológicas en Colombia exige analizar los procesos pedagógicos que promueven una cultura de paz mediante herramientas dialógicas e inclusivas. Estos procesos inciden en la convivencia, los currículos y las prácticas educativas, abriendo la posibilidad de una formación intencionada para la vida pacífica y armónica (Ruiz-Silva y Chaux, 2005).
La problemática de convivencia en las instituciones técnicas y tecnológicas se relaciona, en primer lugar, con la ausencia de contenidos teóricos y metodológicos sobre el tema de la paz en los currículos. Esta carencia refleja una comprensión limitada del conflicto escolar y de las estrategias pedagógicas utilizadas para abordarlo, lo cual incide en la persistencia de la violencia en el contexto educativo colombiano.
Las instituciones académicas han priorizado los contenidos temáticos sobre la formación integral del ser humano, afectando el desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Esta limitación responde, en parte, a estructuras jerárquicas y enfoques disciplinares fragmentados que dificultan una educación orientada a transformaciones sociopolíticas profundas y equitativas (Franco y López, 2011).
Existe una brecha entre la intención normativa de promover una educación más integral y las condiciones reales de los docentes en el aula, quienes, sin las herramientas adecuadas, enfrentan dificultades para desarrollar plenamente las competencias que el sistema educativo demanda.
Franco y López (2011) sostienen que el desarrollo de una sociedad requiere un proceso de transformación sociopolítica planificado, amplio y participativo, capaz de inducir cambios estructurales en la economía, la tecnología, la ecología y la cultura. Este proceso debe orientarse a garantizar el bienestar de la mayoría de la población bajo principios de equidad, dignidad, justicia y libertad, lo cual impacta en las instituciones técnicas y tecnológicas.
Segundo el discurso pedagógico colombiano ha sido criticado por la falta de directrices claras que guíen a los docentes en la integración de competencias en su práctica pedagógica. Aunque se han incorporado las competencias ciudadanas como proyectos transversales en los planes de estudio, esta inclusión no ha estado acompañada de orientaciones específicas que permitan a los educadores implementar eficazmente los objetivos de aprendizaje.
Existe una brecha entre la intención normativa de promover una educación más integral y las condiciones reales de los docentes en el aula, quienes, sin las herramientas adecuadas, enfrentan dificultades para desarrollar plenamente las competencias que el sistema educativo demanda. Esta situación refleja cómo la implementación de reformas educativas, como la inclusión de competencias ciudadanas, a menudo se ve obstaculizada por la falta de un marco normativo claro y de apoyo continuo a los educadores.
En la praxis pedagógica, estas competencias se han invisibilizado en los mismos ambientes de aprendizaje, debido a que han sido absorbidas por los contenidos temáticos y se le ha dado más importancia a la creación de los mismos que al desarrollo e interacción de los estudiantes. Asimismo, como propone Angel Villarini es necesario “el diseño de un currículo orientado al desarrollo humano integral que comprenda las bases filosóficas, biopsicosociales y sociopolíticas, de carácter humanista, constructivista, social y liberadora del currículo” (Villarini, 2000, p.3).
Tercero las falencias en el discurso pedagógico actual muestran la necesidad de una pedagogía que facilite encontrarle sentido a la paz y contribuya a transformar el sistema de creencias, valores, percepciones, representaciones y actitudes que requiere una sociedad que busca la reconciliación. Este ideal en las instituciones educativas de carácter técnico y tecnológico tiene su soporte en las competencias ciudadanas y en la necesidad de que las mismas sean fortalecidas en los currículos académicos.
En este sentido, Magendzo y Arias (2015) plantean que la generación de políticas públicas para la formación ciudadana en el caso de Colombia ha tenido dos momentos: el primero se remonta a la década de los noventa y se inscribe en los proyectos transversales, y el segundo se relaciona con la formulación de los estándares de competencias ciudadanas en 2004, lo cual plantea la necesidad de actualizar estas políticas, es decir ponerlas acordes a la situación actual.
Asimismo, la falta de cuestionamiento de los discursos públicos y el problema de reconocer que la nuestra es una sociedad cuya historia ha estado marcada por la violencia y el conflicto interno, unido a las fallas de un sistema educativo que se ha enfocado en el uso de estrategias pedagógicas tradicionales, que no incluyen en sus currículos planes, programas y contenidos relacionados con la paz, el manejo y la resolución de conflictos, los cuales se constituyen en los postulados, que muestran la necesidad de propuestas que apunten a mejorar la convivencia en las comunidades educativas de las instituciones técnicas y tecnológicas.
Los temas de la formación profesional están por encima de las sensibilidades complementarias para una formación integral que contemplen prácticas culturales y deportivas, es decir, la construcción de un ocio fecundo, como señala Aníbal Ponce, en su Educación y lucha de clases. Dentro de esas sutilezas está el tema convivencial que debe vivirse en todo momento, desde la reflexión hasta las acciones en los ámbitos de la cotidianidad. Se habla mucho, pero la premura por agotar los programas académicos invisivilizan la verdadera formación.
Una propuesta muy necesaria. Educar para la convivencia es clave en la formación integral, especialmente en contextos técnicos donde a veces se deja de lado lo humano.