Los renovados Arcana Imperii

“No todo aquello que haces en privado, cuando nadie te pueda ver, lo harías en público”.

Norberto Bobbio.

Les confieso que desistí de escribir sobre la eutanasia como derecho constitucional implícito y su reserva de ley, para ocuparme de un hecho que ha sacudido el pais, y que tiene que ver con un nuevo escándalo de corrupción del más alto nivel, que compromete al vértice del Estado.  

  Nos referimos a la compra de las acciones de la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Barranquilla, Triple AAA, por parte de unos particulares, cuya venta se ejecutó en la más oscura penumbra del poder.

  La operación fraudulenta y encubierta, que revela una maloliente colusión oculta entre intereses públicos e intereses privados para saquear el erario, consistió en la transferencia directa de las acciones por parte de la Sociedad de Activos Especiales de la Nacion -(SAE) en lo sucesivo- a unos contratistas particulares.

  La lectura que los expertos le dan al tema; consiste, en que no solamente adoptó un procedimiento que pretermitió la convocatoria de una pública subasta, como lo determina la ley 226 de 1995, sino que la venta de las acciones se efectuó a un precio artificialmente muy por debajo del mercado, dando origen a un descalabro monumental del patrimonio público.

  El negocio se consumó como si hubiese sido un acuerdo de voluntades entre dos particulares, para lo cual el secreto fue la regla ante la intromisión de un público ávido de información. Olvidaron los contratantes, sin embargo, que las acciones en venta corresponden al patrimonio público de los colombianos, que para tal cometido exige la mayor de la transparencia y publicidad, para que la ciudadanía y la justicia asuman el control democrático y judicial que demanda todo acto devenido de una autoridad legitimada e investida para la ordenación del gasto público.

  Para los promotores de la citada compraventa de las acciones de la Triple AAA, -a la sazón empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Barranquilla- “no fue necesario convocar una pública subasta para la venta de los activos, por cuanto la empresa adquiriente tenía la “naturaleza de publica”, al desarrollar la función administrativa de la prestación del alumbrado público en la misma ciudad.”

  Sin embargo, este argumento que podría ser la “excusa perfecta” para eludir la pública subasta de las acciones, termino diluido y sin piso jurídico, ante las potísimas razones que demostraron que la empresa del servicio del alumbrado público contaba con una amplia participación accionaria en manos privadas.  Así de esta manera, al detectarse esa realidad, no había duda sobre el zarpazo contra el patrimonio público de la nacion. En otros términos, una apropiación ilegal de los dineros públicos del Estado.

  Estas son las paradojas que vive la democracia colombiana, donde el secreto en las grandes contrataciones del Estado se ha constituido en la regla. Sobre este particular, Norberto Bobbio, en su brillante opúsculo denominado “Democracia y Secreto”, nos ilustra las claras fronteras entre un negocio privado y uno público.

“Lo que vale en los asuntos públicos de un régimen democrático, en los que la publicidad es la regla y el secreto la excepción, no vale en los asuntos privados, o sea cuando está en juego un interés privado. Antes bien, en las relaciones privadas es válido exactamente lo contrario: el secreto es la regla, contra la intromisión del público en lo privado, y la publicidad es la excepción.” 1.

 Este recurso del secreto en las grandes decisiones públicas ha tomado un cariz de preocupación nacional, y que ha adoptado el carácter de “manía nacional”, no ha sido motivo para que se destapan los mayores escándalos de corrupción a través de unas contrataciones contrarias al interés público.

Ya lo había advertido nuevamente, Norberto Bobbio, cuando indicaba, “Que quien promueve formas ocultas de poder, desea hurtar sus acciones al control democrático y evitar a someterse a las limitaciones impuestas por cualquier constitución democrática”3

  Como es conocido, la ley de contratación estatal colombiana no habilita ni permite que en las negociaciones que comprometa el presupuesto público, la administración pública mantenga en la ignorancia a la ciudadanía. Para evitar esta suerte, de “oscuras connivencias” de voluntades coludidas contra el patrimonio público, el ordenamiento jurídico colombiano estableció un marco regulatorio que enfatiza proteger los dineros públicos frente a cualquier intención de un particular de acceder a la propiedad accionaria del Estado. Para tal efecto, consagro un procedimiento reglado y público, mas no discrecional y en la penumbra, como en efecto ocurrió en el tema que nos ocupa.

Pese a estas advertencias por parte del legislador colombiano, para evitar la arbitrariedad administrativa,  la negociación entre las partes, -SAE, -en representación de los intereses de  la Nacion- por un lado, y la  Empresa del Servicio del Alumbrado Público de la ciudad de Barranquilla, -con capital privado-, por otro lado, se efectuó  con deliberada voluntad de secrecía, y optaron por una venta directa de las acciones  que se encontraban en  poder de la Nacion, como resultado de un proceso de extinción de dominio que se promovió a la multinacional INASA, antiguo operador del servicio del agua potable y alcantarillado de la citada ciudad.

  A fin de perpetrar el citado fraude al patrimonio estatal y sustraerlo del escrutinio público, el contrato pactó el “artificio institucional” de una cláusula de confidencialidad entre las partes, como solía ocurrir en los tiempos del Estado absoluto, donde el autócrata para mantener su poder invisible evitaba la supervisión del público.

  Son en esencia los famosos arcana imperii (secretos del poder), que en aquellos tiempos constituían la regla de los actos del príncipe, que hoy cobran vigencia, con renovada técnica para ocultar las decisiones públicas, “lo cual se opone a los fundamentos de la democracia, como el sistema del poder visible y de la transparencia”. Como dijera certeramente, Norberto Bobbio.2

 Mas allá de cualquier justificación que pretendan brindar las partes a un negocio que tiene muchas aristas escandalosas, lo cierto es que existen serias sospechas, que no pueden escapar a la lógica de las pruebas por parte de las autoridades judiciales para obtener pleno conocimiento de los hechos y reversar un negocio rodeado de una indebida apropiación de los dineros públicos de la nacion.

  Con estas lamentables maniobras fraudulentas, que vienen siendo reiterativas desde el vértice del poder, pareciera que ha quedado al olvido para los depositarios del poder público colombiano, que la democracia no tolera los secretos en las decisiones públicas.

  Por el contrario, en ella debe prevalecer la mayor transparencia y publicidad, para que la opinión pueda reivindicar el derecho de ser informada, sobre las decisiones que se tomen en favor del interés colectivo.

    Ya lo había advertido nuevamente, Norberto Bobbio, cuando indicaba, “Que quien promueve formas ocultas de poder, desea hurtar sus acciones al control democrático y evitar a someterse a las limitaciones impuestas por cualquier constitución democrática”3

  Lo real de este nuevo estropicio público, es que la opinión ha levantado el “velo de invisibilidad”, al colocar al descubierto una impúdica connivencia entre unos “servidores públicos”, incapaces de defender el patrimonio público y unos particulares que vienen aprovechando el derrumbe moral de la nacion colombiana.

  De este escándalo clamoroso, no existe nada de amarillismo para seguir ocultando la realidad y trivializarla. Por el contrario, gracias a un sector de la prensa libre de los meandros del poder, se detecta uno de los latrocinios que no tiene precedente en el pais.

  Así, que, si esta realidad no hubiese aflorado, la clandestinidad hubiese seguido siendo favorable a los proyectos de ladrones y rufianes que han “patrimonializado el poder” en provecho propio, como lo denunciara acertadamente Alejandro Nieto. 4

Afortunadamente, a la luz del constitucionalismo y la democracia colombiana, no puede haber nada oculto que no pueda ser conocido.

                                            REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

1- Norberto Bobbio. Democracia y Secreto. Editorial Fondo de Cultura económica. Pag 68.

2-   Norberto Bobbio.  “La opacidad del poder es la negación de la democracia. El futuro de la democracia.

3- Norberto Bobbio. Democracia y Secreto. Pag 37. Editorial, Fondo de Cultura Económica.

4- Alejandro Nieto.  La “nueva” organización del desgobierno”.  Editorial Ariel, S.A. Barcelona.