Intimidad vs información (Final)

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Gaspar Hernández Caamaño.

-¿esta vigente ley de prensa en colombia?

Que la periodista condenada, civilmente, por un Tribunal Judicial por dañar, en el ejercicio del oficio, la vida privada de una familia al “juzgar” con la difusión de informaciones falsas, haya sido designada, por el nuevo dueño, directora de la revista SEMANA y sus satélites,  indica el decaimiento intelectual del periodismo nacional. Y no un reconocimiento al ascenso del género femenino.

Decadencia que significa debilitamiento de la autonomía, pensar por si mismo, por el fortalecimiento del poder económico y político que hace, del periodismo un instrumento para el halago y la mercancía, no para la educación hacia la libertad de pensamiento y opinión de la ciudadanía. Ese fenómeno es el mismo al sucedido con la dirección de El Heraldo de Barranquilla, convertido en un diario sin lectores. Una gacetilla del poder político y económico local. 

Esos movimientos en la dirección de Medios emblemáticos son el reflejo, a mi entender de lector y periodista, de la tendencia maniquea de dividir el periodismo entre bueno y malo. Entre periodismo sano y periodismo perverso. Y no la respuesta, desde el oficio mismo, de los innegables estragos de las comunicaciones en Redes Sociales y la digitalización de la cultura humana a los avatares propios del periodismo: La investigación imparcial de la realidad, más no la invención de la mentira abusando de la libertad de expresión.

Frente a ese panorama desolador, para unos, y de requiem pax, para otros, me resulta menesterosamente actual comprender las eventuales consecuencias que para el periodismo, sin investigación rigurosa, el de las cantaletas, las chacharas, los re-tuiteres y la moralina,  podría tener en un inmediato futuro las consideraciones jurídicas expresadas, frugalmente, en la sentencia de la sala civil del tribunal superior de Bogotá, D.C. que condenó, solidariamente, a radio cadena nacional, R.C.N (la F.M.) y a Vicky Dávila a indemnizar a la familia de un exoficial de la policía nacional por el daño moral a la vida privada,(intimidad), por emisión de información incierta y parcializada, dada en el ejercicio absoluto de la “libertad de prensa”(información).  Consideraciones judiciales que reseñé en la entrega anterior.

Esa comprensión o hermenéutica es la motivación que desde solo/proposiciones.com desentrañemos o expliquemos, desde nuestro libérrimo entendimiento, el conflicto de justicia y periodismo al generarse la tensión entre los derechos fundamentales de información e intimidad.

La Intimidad no devino derecho fundamental de la antigüedad de la cultura occidental, sino en el advenimiento de la Modernidad. Es así que en “en el proceso de urbanización se vislumbran importantes aportes en la comprensión de la intimidad como un derecho, él se asumirá como fundamental al conectarlo con el derecho de la personalidad. 

“Cuando se pretende ubicar en el tiempo el origen de la intimidad como derecho fundamental, la doctrina ha recurrido al ensayo publicado por los juristas norteamericanos Samuel Warren y Louis Brandeis en el año 1.890 y titulado “Tthe Right  to Privacy”, toda vez que se aborda el estudio del derecho del hombre a ” ser dejado solo”.

“Es decir, el derecho a la intimidad en sus raíces se delimita a partir del respeto de los demás hacia el silencio, a abandonarse en su interior y excluirse del exterior. el derecho a estar sólo es la idea básica de lo que se ha entendido por derecho a la intimidad”(ver investigación doctoral sobre derecho al olvido digital de la doctorante Dra. Oona Hernández. Universidad Santo Tomás).

En Colombia, los artículos 15 y 42 de la Constitución Política de 1.991, consagran como  derechos fundamentales la “intimidad personal y familiar“. Es decir, se protege la vida privada, tanto de una persona como de un familia. Son derechos, entonces, de muy reciente data, frente al llamado derecho de “la libertad de prensa“, cuyo origen es de mayor raíz histórica.

En el libro “El derecho a la vida privada y la libertad de información, un conflicto de derechos“( siglo veintiuno editores), del profesor chileno Eduardo Novoa Monreal, hay un aparte bajo el título: “La libertad de expresión como origen de la libertad de información“, donde el autor hace un detenido e interesante análisis histórico y conceptual sobre el derecho de la información y el de la libertad de expresión, distinguiendo a éste como un derecho individual y al otro como un derecho social, con fundamento en el estudio de la normatividad jurídico-política vigente desde la Revolución Francesa al presente.

Novoa Monreal  explica que: “La libertad de información, en virtud del enorme desarrollo y crecimiento de los medios informativos, ha adquirido actualmente un relieve y un carácter propios, que la sacan de su antigua posición subordinada. esto tiene una importancia especial para la debida caracterización de aquella libertad, pues la libertad de expresión, de antigua data, corresponde a una formulación cuyo centro de gravedad está situado en el individuo que comunica a otros sus ideas y conocimientos, por  lo que tiene  un marcado sabor individualista. en cambio, la libertad de información tiene actualmente perfiles muy nítidos de un auténtico derecho social, pues interesa y compromete a la sociedad toda y no sólo al individuo“(pág. 143).

Nuestra Constitución Política, en su artículo 20, consagra tanto las libertades individuales (expresión, pensamiento y opinión) como la libertad social de información con el doble carácter de dar y recibir información “veraz e imparcial“. Esta ampliación conceptual, en poder del periodismo, es el origen conceptual de los conflictos que enfrentan  a periodistas y ciudadanos, del común o personajes, ante los estratos judiciales.

El autor, luego de señalar las omisiones que hoy presentan las normas internacionales,  de siglos pasados,  precisa que: “No ha logrado desprenderse de todo el lastre histórico que concibió originalmente como derechos individuales a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, traslade inadvertidamente a un derecho social por excelencia, como es el de libertad de información,  el molde de aquéllos, lo contemple únicamente desde el punto de vista de la libertad del informador, emisor o comunicador y prescinda de los intereses de aquellos a quienes va dirigida la correspondiente información“(pág.150).

Nuestra Constitución Política, en su artículo 20, consagra tanto las libertades individuales (expresión, pensamiento y opinión) como la libertad social de información con el doble carácter de dar y recibir información “veraz e imparcial“. Esta ampliación conceptual, en poder del periodismo, es el origen conceptual de los conflictos que enfrentan  a periodistas y ciudadanos, del común o personajes, ante los estratos judiciales.

Razón?. Los medios y los periodistas, algunos o todos, se creen los únicos y exclusivos “dueños” o usufructuarios de tales derechos fundamentales por mandato constitucional. Entonces, cuando son demandados, por abusos en sus opiniones o pensamientos, causantes de daños en la vida íntima de determinada persona, esgrimen que se está violando la libertad de prensa. Y cuando se les demuestra, judicialmente, que se han equivocado alegan censura o que le han violado su libertad de expresión, opinión y/o pensamiento. Es decir, el periodismo es infalible o los periodistas son ciudadanos v.i.p. o con derechos exclusivos

Posición que también se ha venido asumiendo por determinados ciudadanos o personajes cuando usan las redes sociales o los medios digitales para “despotricar” contra los demás olvidando que los otros son también sujetos de derechos fundamentales como la intimidad de su vida privada y familiar: honra, honor y buen nombre.

En ese orden, asumamos el interrogante sobre la vigencia de la ley de prensa en Colombia?. Éste lo provocó la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, el 15 de Octubre del 2020, condenó civil y solidariamente tanto a R.C.N. como a la periodista Vicky Dávila, actual directora de semana.

En la página 5 de ese fallo, el Tribunal acoge, como marco jurídico para debatir el asunto, el expuesto por la Juez 46 Civil del Circuito de Bogotá, la de primera instancia, manifestando que lo:” Enuncio el a quo el marco legal que rige el debate, por lo que que citó el artículo 20 de la carta política, el artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos, el artículo 55 de la ley 29 de 1.944, que regulan el derecho a informar y ser informado, así como la responsabilidad civil por el uso de medios de comunicación para divulgar información falsa o tendenciosa“.

Tanto en ambos fallos judiciales se utilizó, con interpretaciones distintas frente a la misma  realidad probatorio-procesal, los alcances de la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia No. 015 del 25 de Mayo de 1.999, en el expediente 5244, donde se adecua la responsabilidad periodistica al mismo nivel de la responsabilidad civil extracontractual.

Obsérvese que se señala a la ley 29 de 1.994, denominada Ley de prensa, y a su artículo 55 entre el marco regulativo del derecho de doble vía de informar y recibir información, “veraz e imparcial“. Por ello, para ilustrar mejor nuestra exposición reseñemos lo que establece el citado artículo 55 de dicha Ley de Prensa. Esta norma dice:

Independientemente de la responsabilidad penal a que se refieren los artículos anteriores, todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusión o del cinematógrafo, cause daño a otro, estará obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurrió en culpa“.

Esta acción de reparación puede adelantarse independiente de la acción penal, dice más adelante la citada Ley de Prensa.

Interpretemos sistémica y críticamente dicha norma legal frente al caso judicial comentado y de la situación del periodismo o los periodistas con la justicia.

Y bien. Frente al interrogante planteado sobre la vigencia, que esos fallos predican, de la ley de prensa, y en el contexto de análisis, debo expresar que esa ley no esta vigente, en mi manera de comprender. Y que lo que contienen los dos fallos ” bogotanos” es una falacia argumentativa. Veamos, en la brevedad, por qué considero que esa Ley no está vigente y el tribunal presentó un argumento falaz, al anotar que esas normas eran el ” marco regulatorio del derecho a informar y recibir información”.

1o. Una ley de 1.944 no puede reglamentar un derecho consagrado positivamente en 1.991. No se reglamenta lo inexistente.

2o. El artículo 20 constitucional no puede reglamentar un derecho que es en él donde se consagra como derecho. Un absurdo. Y

3o.El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ser una norma universal, mal podría reglamentar en Colombia una norma interna. Acá se aplicaría por la existencia del bloque de constitucionalidad (art.93 c.p.).

Entonces, al no ser ese el marco legal que reglamenta el derecho de doble vía de informar y recibir información, el tribunal juzgo equivocadamente la conducta periodística censurada en la demanda.

El artículo 55 de la Ley de 1.944, el que equipara la responsabilidad civil ordinaria, con la responsabilidad periodística, cometida por culpa del agente, por la divulgación no veraz e imparcial de una determinada información causante de daños demostrados, no puede justificarse jurídicamente por ser una norma contraria a la constitución política, en su artículo 20, que establece la responsabilidad social de los medios periodísticos. 

Y ello, porque al ser la Constitución Política norma de normas, cualquier conflicto entre normas deben aplicarse las constitucionales (art. 4 c.p). Y máxime si la norma legal invocada está, en mi interpretación, derogada tácitamente por la vigencia de una nueva constitución política que, de manera expresa, no consagró la libertad de prensa, como tal, como un Derecho individual, sino que caracteriza el Derecho de Información como un derecho con responsabilidad social, al cual se le garantiza su ejercicio profesional (art. 73 c.p).

Entonces, qué ocurrió. O cómo se explica esta actuación judicial?.

Creo que los demandados, al parecer, no se defendieron correctamente, aunque ganaron en primera instancia. Y no cambiaron la batería defensiva en la segunda instancia, bajo la presunción que eso era ” pan comido“. Y que tanto la periodista como el Medio “eran intocables” frente a una justicia tan cuestionada como la nuestra.

Lo digo porque aceptar que la ley 29 de 1.944 esta vigente es un error de apreciación. Esa ley, en la exégesis, no resiste un examen o una excepción de inconstitucionalidad, ya que desde 1.991 el congreso no se ha atrevido a regular ni las libertades ni los derechos, ni responsabilidades éticas y periodísticas, consagrados y establecidos en el artículo 20 constitucional.

Razón suficiente que me lleva a reiterar que esa norma contiene libertades y derechos absolutos. Otra cosas es cómo afrontamos sus abusos por quienes ejercer el periodismo. Pero esa, es otra reflexión, para otra ocasión. Por ahora permítanme decir: opinar no es dañar. quien sabe de qué opina, respeta. y no opina de lo que no sabe, por más periodista que se precié. Toda libertad conlleva un nivel de responsabilidad, por más absoluta que se disfrute.

la libertad es para prudentes. no para necios.

la próxima: lo ético y lo estético del derecho, en las herejías constitucionales y políticas de Carlos Gaviria Díaz.

1 COMENTARIO

  1. La libertad de expresión, en mi concepto si es un derechos individual, de los llamados Derechos Civiles y Políticas. Por cuando el estado ejerce un deber de respeto, quiere decir que no es posible ninguna intervención.

    Los derechos sociales tienen como característica otro deber de Garantía que implica, para su operatividad, una acción, es decir intervención del estado.

    Ahora está diferencia se supera con el carácter indivisible e interdependiente de los DDHH. La libertad de expresarse es libre y autónoma. Esa no puede limitarse, por eso la censura esta proscrita en las democracias, pero una vez emitido el juicio, ya es un documento o testimonio sujeto al control social.

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