En su habitual columna dominical, en el diario El Tiempo edición del pasado 3 de noviembre, María Isabel Rueda, bajo el título “La fiscal“, comentó la situación que afrontó, en esos días, la ex-directora de la revista Semana, a quien llamó “Vicky, la espía“, porque la Fiscalía General de la Nación había abierto indagación, de carácter penal, sobre las fuentes de la periodista.
La columnista manifiesto que a la ex-Directora se le investigaría, según denuncia suscrita por un ciudadano del común, como le gusta decir al Jefe de Estado, por los siguientes delitos:
1) Concierto para delinquir,
2) Interceptación ilícita,
3) Traición a la patria y
4) Espionaje.
Pero la periodista afirmó, en una entrevista en la radio, que era para que “revelara las fuentes de los “petrovideos” y otros asuntos, como el de Pegasus”.
Desde que me enteré del “petit” asunto, tanto por la voz de Vicky, la espía, como de la lectura de Ma. Isabel, me formulé una inquietud, casi académica: pueden denunciarse semejante cúmulo de conductas, presuntamente penales, sin ser víctima en ninguna de ellas, ya que son “delitos” de difícil comisión causantes de daños y de eventual averiguación oficiosa. Además, ¿los puede cometer un periodista en ejercicio público de su oficio?
Aunque a esta altura de los días novembrinos, la Fiscalía decidió, a mottu propio, desestimar la denuncia propagada, a los cuatro vientos, por la propia Vicky, la espía, que en el interregno renunció a Semana, alegando deslegitimación del denunciante, voy a proseguir con la presente columna porque lo ocurrido y publicitado tiene ingredientes pedagógicos que permiten la reflexión sobre ellos, en búsqueda de nutrir el debate tanto sobre las competencias del Periodismo como las de la Fiscalía.
Resultaba exótico que un “ciudadano del común” resultará víctima de conductas como: Traición a la Patria, espionaje o Interceptación Ilícita, conductas presuntamente atribuidas a la periodista, ahora en trance presidencialista, la cual debía, a mi entender, conocer la Ley vigente en materia penal para orientarse públicamente en el devenir de la eventual denuncia en su contra. Y no propiciar un escándalo ridículo en prensa y radio.
Tales ingredientes serían: ¿Cómo se investigan delitos en el sistema penal acusatorio? y cómo se debe ejercer el periodismo en una sociedad de democrática como Colombia? Puede evidenciarse que ambas inquietudes apuntan, indiscutiblemente, a tratar así sea “a vuelo de colibrí”, la llamada reserva profesional consagrada constitucionalmente.
En Colombia, aunque no existe una ley regulatoria vigente, en el ejercicio del periodismo está amparado por la Constitución Política que, en su artículo 73, consagra: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional“. Entonces, frente a tal norma, resulta imprudente que autoridades públicas pretendan cuestionar o limitar tal oficio.
Así mismo, la Carta del 91, en su artículo 74, de manera contundente establece que: “El secreto profesional es inviolable“. Siendo, así las cosas, resulta inexplicable que la Fiscalía, como las periodistas aludidas en esta reflexión, hayan agenciado un asunto como éste, ya que un mínimo conocimiento de las reglas constitucionales indicaba que una investigación, como la auto-promocionada, no tendría un futuro asegurado.
Ahora bien, en Colombia actualmente impera el sistema penal acusatorio, establecido en la Ley 906 de 2004 y una reforma constitucional que consagró la oralidad en la administración de justicia. El acusatorio es un sistema inter-partes, se le llama adversarial para distinguirlo del inquisitivo, por tanto, para intervenir, legítimamente en un proceso penal, hay que demostrar ser víctima y no simple denunciante. Y obvio victimario.
Frente a esa realidad legal resultaba exótico que un “ciudadano del común” resultará víctima de conductas como: Traición a la Patria, espionaje o Interceptación Ilícita, conductas presuntamente atribuidas a la periodista, ahora en trance presidencialista, la cual debía, a mi entender, conocer la Ley vigente en materia penal para orientarse públicamente en el devenir de la eventual denuncia en su contra. Y no propiciar un escándalo ridículo en prensa y radio.
Entonces, ni la Fiscalía tenía porque apresurarse a abrir una indagación por tal denuncia, ni Vicky, “la espía” razón para armar semejante “pataleta” de perseguida por el Régimen que, por mal gobierno, le ha abierto las ventanas a su aspiración presidencial. Ese periodismo, emotivo y juzgador, no está llamado a prosperar en un territorio de violencias como el nuestro. El periodista no debe ser la noticia, sino un catalizador de la realidad.
La próxima: Puerto Mocho: “Barranquilla a otro nivel”.
