Incomprensión lectora se refleja en el asedio a la Corte Suprema De Justicia por elección de la fiscal

La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana al comentar, un Informe del Banco Mundial sobre la pobreza de aprendizaje, afirma: “esto es una catástrofe nacional” al referirse al hecho que la niñez colombiana, entre los 10 años de edad, “no puede leer ni entender un texto simple“(ver El Espectador 22/2/24). Es decir, padecemos incomprensión lectora desde muy temprana escolaridad.

Esta situación de nuestra educación formal, a mi entender, se demuestra con el espectáculo que hemos vivido desde que el Señor Presidente de la República, desde Europa en uno de sus iniciales periplo, trinó: “como jefe del estado soy el jefe del fiscal general de la nación” y por tanto le debe obediencia. La frase presidencial fue ampliamente rechazada por sectores ilustrados, pero caló en profundidad en sus huestes que creen, a pie juntillas, en sus trinos y discursos.

Es fácil deducir que “El jefe de Estado” no había comprendido, en su alcance y contenido, lo que textualmente expresa el inciso primero del artículo 115 constitucional, que a la letra dice: “El presidente de la república es jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa“. Como es evidente la figura de Jefe de Estado no conlleva, implícitamente, la de ser jefe del poder judicial, del que hace parte La Fiscalía General.

Ese clásico mal entendido, aunado al afán protagónico del ex-fiscal general de la Nación, repito a mi entender, ha generado o se refleja en la manera como que “el constituyente primario“, en días recientes, asedió las instalaciones del palacio de Justicia, en la capital de la República, en horas en que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, deliberaban para elegir una Fiscal General, de la terna presidencial.

Desde ese tristemente célebre episodio capitalino, he leído una verdadera lluvia de opiniones e interpretaciones contra las labores de la Corte como una tanda de calificativos denigrantes contra sus “Honorables Magistrados“, 23 en total, por el atraso en la escogencia de una nueva Fiscal General de la Nación. Opiniones que difunden, sin filtro alguno, las redes Sociales y que los medios de comunicación reproducen creando una verdadera “catástrofe nacional”.

Es fácil deducir que “El jefe de Estado” no había comprendido, en su alcance y contenido, lo que textualmente expresa el inciso primero del artículo 115 constitucional, que a la letra dice: “El presidente de la república es jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa”. Como es evidente la figura de Jefe de Estado no conlleva, implícitamente, la de ser jefe del poder judicial, del que hace parte La Fiscalía General.

Tal incomprensión lectora que nos agobia, en la presente situación nacional comienza con “mal interpretar” esa función constitucional de La Corte. La elección de la Fiscal de la terna femenina del Presidente no es función jurisdiccional, como se ha confundido por algunos apresurados comentaristas. es una función política, no sólo porque proviene de un mandato de la Constitución Política, sino que contribuye a ordenar una de las Instituciones del poder judicial, al que pertenece la misma Corte Suprema con su independencia y autonomía.

Ahora, los espontáneos “juristas de Redes” han creado un aparente conflicto entre las normas del Reglamento Interno de la Corte, referentes a los trámites de una decisión judicial con las que regulan, de manera especial y excepcional, la elección del Fiscal General, las cuales difieren, en detalles sustanciales, con las comunes. O sea, interpretan de manera parcializada, casi siempre en contra de la justicia, como si estuvieran luciendo “camisetas” de equipos de fútbol.

Han olvidado, esos afanados “sabios de las circunstancias”, el carácter secreto del voto de cada Magistrado y el requisito de una mayoría calificada en la Sala Plena, pues se trata de escoger a un servidor público con la responsabilidad de perseguir y acusar toda conducta delictiva, en un país donde el delito, y no la educación, es el camino a la riqueza. No por nada incendiaron en viejo Palacio de Justicia: recuerdo ingrato.

En circunstancias como las actuales es necesario recordar, para comprender un poco sus vaivenes, que la historia política de Colombia es presidencialista. Y hemos sido “educados” creyendo que el Señor Presidente de la República personifica todos los poderes, no sólo en el interior sino más allá de las fronteras. Esa historia alimenta egos narcisos o reencarnaciones, contrarios al respeto de la libertad personal y los derechos ciudadanos.

Entonces, podemos expresar que muchísimos colombianos, comenzando por la persona del Sr. Presidente de la República, no han leído comprensivamente el articulado de nuestra Constitución Política que ha alejado “el cesarismo” del manejo del Estado, privilegiando a la persona humana, de cada colombiano, en su dignidad, bajo el sagrado principio liberal que la persona digna, es decir autónoma, está por encima de El Estado y más cuando El Presidente cree que El Estado es ÉL. para despertarlo están las cortes. 

 La próxima: amor y sexo, realidad y fantasía.

 

 

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