El Berrinche por el Barreneche

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Andres Charry.

El sondado caso del hospital Julio Méndez Barreneche, en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, tiene tanta tela por cortar; que aun todo lo discutido esta semana en los medios de comunicación, se queda corto para explicar cómo este importante hospital ha tenido que cargar la historia moderna de la salud en Colombia y se ha convertido en le vivo reflejo de la crisis hospitalaria en el país, no es un tema novedoso ni de recientes días, tampoco desconocido por el país y sus políticos, solo que hasta que la salud no se volvió el centro de nuestros días, y la enfermedad nuestra realidad, la ciudadanía ha decidido poner los ojos a como esos clanes políticos, las mafias y la corrupción han desangrado nuestros derechos, y aquí es literal, a costa de nuestra sangre se han llenado los bolsillos, las vidas que esto ha costado y en tiempos de sarscov2 lo que nos va a costar, ni con 100 años y esta vez ¡No de Soledad! Podrán pagar al pueblo que empieza a morir desatendido.

Es importante aclarar que la situación actual del Hospital  Barreneche, es crítica; pero, los medios  de información Nacional, han querido dejar en el ambiente que la crisis hospitalaria del mismo, recae sobre las manos del actual gobernador del magdalena Carlos Caicedo, cuando ha sido el mismo Caicedo, quien durante el ejercicio de control político, ha denunciado a los clanes del magdalena; Cotes y Socios, que tenían secuestrado el hospital, para pagar su burocracia y como caja de diario, estas denuncias que evidenciaban el estado deficiente, de la estructura de Protección Social en el departamento, se adelantaron con certeza. Derivado de las denuncias hechas por Caicedo, a la misma Súpersalud; se adelantó la investigación; pero, no ha sido sino hasta que se posesiona el gobernador Caicedo, que la súper hoy en manos de un excandidato uribista y que hizo campaña en la costa atlántica, junto a Caya daza; la involucrada en el escándalo de compra de votos para Iván Duque, junto al ñeñe Hernández, que el funcionario actúa.

De esta manera es imperante aclarar el panorama que se suscita alrededor del actual estado del hospital y que lleva a cuesta las malas administraciones pasadas, el llamado es urgente a evidenciar la crítica situación; no solo del hospital en Santa Marta, sino en la mayoría de las ciudades del país, todo esto por darle a un derecho al carácter de negocio, donde las elites se han encargado de exprimir los recursos por medio de algo tan delicado y sensible como la salud de los colombianos, casos como el cartel de la hemofilia, o el de los pañales dan cuenta de esto, el llamado es a la absoluta solidaridad con el pueblo magdalenense, para que el Gobierno Nacional, permita que por medio de un programa de gobierno departamental, elegido por voto popular y que tiene como centro del desarrollo al ser humano, ponga al día el hospital y lo erija como ejemplo para los demás departamentos.

Pero, ya entrándonos en lo particular de la situación de la corrupción que aqueja la salud, y esta misma salud al ser considerada como un negocio y perder su garantía de derecho fundamental ha sido blanco del ataque corrupto, convirtiéndose en el botín de la clase politiquera, que ve allí un bolsillo sin fondo (total los muertos votan pero no denuncian), que ha sufrido la ausencia de control y vigilancia por parte de las entidades encargadas, dado que los negocios se han construido al más alto nivel y tienen la protección de políticos tradicionales en las regiones, así la corrupción no sólo como los hechos de malversación de los pocos fondos; sino también como la construcción histórica del abandono estatal, a las regiones más pobres del país y en sí mismo en la construcción de los planes de desarrollo nacional, municipal y departamental, que han decidido poner mayor atención a las mal llamadas locomotoras del desarrollo, abandonado a un lado el fortalecimiento de los derechos, salud y educación, el modelo de salud en Colombia no es de derecho sino de mercado, es momento que los colombianos defendamos la tesis de: un derecho fundamental no puede ser garantizado por el mercado. El Estado tiene que asumir en su esencia la garantía del derecho fundamental de la ciudadanía, como es el caso de la salud aún más hoy en tiempos de SARSCov2.

¿cómo podemos decir que el modelo de la Ley 100 funciona 25 años después? En este momento podemos afirmar con certeza que el modelo de la Ley 100 provoca una disparidad regional y social respecto al derecho a la salud.

Y de esto podemos plantear una reflexión sobre el cierre de los hospitales públicos aporreados por la corrupción o por los negocios, como lo es el San Juan de Dios, amarrado al negocio inmobiliario por la administración Peñalosa y hoy en continuidad con Claudia López, ¿cómo podemos decir que el modelo de la Ley 100 funciona 25 años después? En este momento podemos afirmar con certeza que el modelo de la Ley 100 provoca una disparidad regional y social respecto al derecho a la salud. Como si fuera poco, los subsidios que intenta asignar el gobierno, en tiempos de pandemia no han servido ni servirán para corregir décadas del problema.

Es absolutamente imperante contar con un nuevo modelo de salud pública, sabiendo como ya otros han planteado que las EPS son el cáncer para el sistema de salud,  es necesario eliminar la intermediación financiera en el sector y que con la implementación de la Ley Estatutaria, el país debe tener un modelo basado en la promoción y la prevención, para que esa política pública sea realidad, hay que trabajar en recuperar y ampliar la red pública de servicios de salud, en infraestructura, dotación y tecnología con énfasis en las zonas rurales, las comunidades urbanas de menores ingresos y los hospitales universitarios regionales y de alta especialidad.

La propuesta más avanzada es un modelo de salud preventivo que le permita al país tener territorios saludables, garantizando el acceso a la atención, desde las zonas más abandonadas y olvidadas, en las ciudades desde las localidades, donde el personal de salud tenga respeto y valor, reconocimiento social y valoración económica, de acuerdo a su función y no como una determinante del mercado, enfermería, medicina, odontología y el conjunto de técnicos y profesionales de la salud adelanten labores de promoción y prevención con alto nivel de resolución, un modelo preventivo que claramente no cambia de la noche a la mañana y aún menos frente a la emergencia, pero es la misma la que nos muestra la crudeza de la actual situación y nos propone espacio para construir la nueva visión médica.

Desde la construcción política se deben tener en cuenta las determinantes sociales en salud como la seguridad y soberanía alimentaria, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, las variables completas del saneamiento básico, recursos adecuados y determinantes de nivel nacional, que construyan la salud como derecho antes que negocio, el fortalecimiento del sistema de salud, en fuerza laboral, permitirían como otro autores ya lo han estudiado, ingresar alrededor de 14mil médicas y 40mil profesionales de enfermería, que deben tener la capacidad de hacer una lectura del ser humano, dentro de la complejidad ambiental y ecológica.

Es necesario pensar que los cambios no son inmediatos, aún descubriendo las redes de la corrupción, los malestares técnicos, presupuestales, científico-investigativos como lo ha pasado en el Barreneche, o descubriendo las intencionalidades, de derrumbar el San Juan de Dios, la implementación de este proceso llevaría un tiempo, que necesita de continuidad, de inversión y decisión política, las EPS no desparecerán de la noche a la mañana y derrotar las mafias alrededor de la salud no es fácil, lo importante y el llamado desde esta columna; es a seguir evidenciando el pésimo estado de la salud pública y saber que su fortalecimiento es la garantía única de salir vencedores en la crisis del sarscov2, claro con el también fortalecimiento del sistema de garantías sociales para el cumplimiento pleno de los derechos.

Andres Charry
Profesional con estudios en ingeniería química y economía ecológica, docente universitario por más de 10 años e investigador en temas ambientales, desarrollo sostenible, ordenamiento territorial y dinámicas campesinas, político y academico, se ha desempeñado como director de economía rural y abastecimiento de BOGOTÁ, asesor del senador Gustavo Petro y parte del equipo programático de Colombia Humana, además de distinciones académicas como la mención de Honor de premio nacional de ciencias e investigación.

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