En toda muerte violenta hay interrupción de la vida de un ser humano antes del momento fijado por la evolución biológica para la muerte natural; ya sea por patologías orgánicas previas o por las correspondientes al proceso de envejecimiento. Esta interrupción de la vida, en cualquiera de sus etapas, es aún más grave si se realiza en contra de la voluntad y libre determinación de su depositario o allegados. Es un irrespeto, una flagrante violación a un derecho: el derecho a la vida que tiene todo ser humano, por la única y sencilla razón de que su vida es una vida humana.
No solo se atenta contra la vida humana con el tiro de gracia, intencional y malévolo en el cerebro o la puñalada trapera hecha a mansalva y sobre seguro. También, en mayor o menor grado con la no-satisfacción de demás derechos fundamentales que vulneran su integridad y pueden llevar la vida a un lamentable, adelantado y no deseado final.
En la situación de violencia crónica y epidémica que vive nuestro país todos, sin excepción, vivimos atemorizados con una <<muerte anunciada>>.
Es terrible decirlo, pero, hay una <<histeria de la muerte>> que a todos envuelve. La principal preocupación del ciudadano corriente es averiguar, con algo de morbosidad, cuántos muertos hubo el día anterior. En palabras del exministro Julio Londoño Paredes 5 de cada 6 colombianos se matan por <<pendejadas>>.
Por los sucesos que a diario se presentan tengo la sensación de que el respeto a la vida ha perdido la noble consideración de valor moral y se le acepta, escasamente, con una valoración de orden legal. Dentro de una legalidad, la existente en Colombia, donde el 98% de los homicidios quedan impunes. Ante la ausencia de un imperativo moral que impida matar es muy fácil acabar con la vida del otro para resolver el más insignificante de los problemas, satisfacer las necesidades, y, lo peor, como medio para sobrevivir.
El individuo incapaz de solucionar sus problemas, que no encuentra forma de satisfacer sus necesidades, que, si desesperado no hace algo, van a perecer él y los suyos; se torna, irremediablemente, violento. Le resulta difícil conciliar el mandato moral de la razón con el pedido urgente que le hace su estómago hambriento. La violencia, resultado de las innumerables carencias que padece, lo obliga a comportarse con una violencia mayor. La violencia no trae sino violencia. Entre lo deseado y el trayecto para conseguir lo que debe ser buscado surge con perfiles acentuados la irracionalidad, la amoralidad, el irrespeto a todo; incluso a la vida del otro. “El sistema de necesidades que se presenta inicialmente como un dato empírico de la experiencia humana actuaría al mismo tiempo como un criterio prescriptivo de conducta y como base para el respeto de los derechos.”11 Papacchini A, Filosofía y derechos humanos, Editorial U. Del Valle, Cali, 1997, p.14
La violencia de las carencias es elemento provocador, el más importante del conflicto social que trae consigo la consecuencia funesta de la violencia de las armas. Las carencias, las necesidades no satisfechas de las mayorías, demuestran en la realidad la ineficacia de un estado, supuestamente, llamado <<ESTADO SOCIAL DE DERECHO>>. En donde la injusticia social acrecienta las desigualdades existentes haciendo más rico a los ricos y más pobre a los pobres con favorecimiento chocante de unas minorías privilegiadas. Se estimula, así, por parte de un Estado inequitativo una <<Violencia de respuesta>> ante la imposibilidad de las mayorías de alcanzar condiciones de vida con dignidad, que les permita actuar racionalmente; de alcanzar una autentica calidad de vida.
El hambre, falta de techo, pésimas condiciones higiénicas, las enfermedades, escasa educación, la miseria y el desempleo son bombas de tiempo tan destructoras de vidas humanas como las balas y las bombas que intercambian entre si los grupos violentos con el poder de las armas.
La respuesta a este estado indeseable, penoso de la sociedad la encuentran mayoría de analistas en el galopante fenómeno de la “corrupción”, de la corrupción de los funcionarios públicos que devora el fisco, el dinero de los colombianos, como si fuera plata de nadie. Si no existiera corrupción e impunidad tendríamos un Estado rico, no habría tanta injusticia social, las desigualdades no serían protuberantes. No existirían guerrillas, grupos paramilitares, ni tantos clanes delincuenciales alimentados por el narcotráfico.
La realidad es que la vida y la muerte humanas no merecen ya respeto como obligación moral, sino que tienen alguna consideración en cuanto lo manda la ley y por el temor al castigo que esta imponga. En la medida que lo político ejerce su influencia legal, se va borrando de la mente ciudadana el respeto a la vida como compromiso moral. En tal forma que un Estado anárquico, donde el imperio de la ley es un sofisma por la corrupción de sus gobernantes y de las costumbres en general; el resultado obvio no puede ser otro que el de una sociedad sin moral y sin ley
La corrupción es el eslabón primero de una cadena mortal constituida por: corrupción, Estado inoperante, injusticia social, pobreza, violencia, irrespeto a la vida, violación de derechos fundamentales y muerte. La corrupción y la impunidad de los organismos estatales se juntan como el primer factor productor de violencia trayendo como consecuencia caos moral, jurídico, económico y social. Ante esta anárquica situación la aplicación y práctica de la justicia como principio fundamental del ordenamiento jurídico, del Derecho, corre por cuenta de cada uno. Impera la ley del más fuerte, del que esté mejor armado; con terreno abonado para el quebrantamiento fácil y en cualquier lugar de los derechos humanos. El derecho a la vida queda al garete. ¿Quién domina a quien y quien gana sobre quién?
“Una característica básica de la enfermedad colombiana es que la vida y la violencia se vuelven bienes económicos transables. Surge gente dispuesta a matar por plata. Y gente dispuesta a arriesgar su vida por plata. Lo segundo más que lo primero.”22 Mokus Antanas, La enfermedad colombiana, El Tiempo, Bogotá, marzo 25, 1998, p.5A
La actitud violenta es el método irracional más efectivo que el hombre ha encontrado para ser reconocido, para ser tenido en cuenta. Cuando las formas racionales no funcionan, es un mecanismo utilizado para llamar la atención; que los demás sepan que está ahí, con sus derechos y sus necesidades, que también existe.
¡Mi planteamiento en principio parecería tener un enfoque más de orden filosófico que político! Ello es así en la medida que el fenómeno político tiene un trasfondo ético; de quebrantamiento de la Justicia y escasez de virtudes ciudadanas en los llamados a dirigir la cosa pública, los primeros en dar ejemplo de honestidad y honradez.
En principio, sin desconocimiento de otros actores, señalo al Estado como directo responsable de la pérdida de valor a que ha llegado la vida humana en nuestro medio. El fenómeno colombiano, puede responder, de manera fácil, a la teoría expuesta por Victoria Camps sobre la <<violencia de respuesta>>: “Entiendo por violencia de respuesta aquella que se produce para responder a una situación de violencia de iniciativa aniquiladora, ante la que el que responde no encuentra más arma efectiva para su propia supervivencia digna o la de otros afectados por la situación, que recurrir a su vez a una violencia en realidad no deseada. Si el violento de respuesta dispusiera de medios no violentos más eficaces, recurriría a ellos, porque la violencia le repugna, pero tales medios han sido agotados sin éxito.”3 3 Cortina Adela, La ética dialogica ante el problema de la violencia, Praxis filosofica, nueva serie. No 5
Mi intención, sin desconocer factores sociopolíticos inherentes al lamentable irrespeto que experimenta la vida humana, está dirigido a la reflexión filosófica sobre el tratamiento respetuoso que ella merece. Para ello, me parece oportuna la definición sobre acción violenta del Profesor Ángelo Papacchini: “a- Es violenta toda intervención que atenta contra el derecho primordial a la vida, provoca de manera directa o indirecta lesiones personales y reduce o aniquila la libertad y autonomía… d-En fin debe ser considerado como violento todo intento de desconocer, limitar o suprimir el derecho del individuo a su autonomía ética y política, a escoger libremente su ideal de vida y a buscar la felicidad a su manera.”44 Papacchini Angelo, Op. Cit, p.36
La realidad es que la vida y la muerte humanas no merecen ya respeto como obligación moral, sino que tienen alguna consideración en cuanto lo manda la ley y por el temor al castigo que esta imponga. En la medida que lo político ejerce su influencia legal, se va borrando de la mente ciudadana el respeto a la vida como compromiso moral. En tal forma que un Estado anárquico, donde el imperio de la ley es un sofisma por la corrupción de sus gobernantes y de las costumbres en general; el resultado obvio no puede ser otro que el de una sociedad sin moral y sin ley. Reina el miedo, el terror, la violencia y la muerte.
1 Papacchini A, Filosofía y derechos humanos, Editorial U. Del Valle, Cali, 1997, p.14
