La expropiación es un tema polémico debido a que se tiene el riesgo de que un gobierno se apodere por la fuerza de bienes privados sin ofrecer una compensación adecuada. Por otro lado, la expulsión de poblaciones se refiere a la salida forzada de personas de su lugar de origen, puede ser de un país a otro (éxodo o desplazamiento forzado) o de una región a otra dentro del mismo país. A lo largo del tiempo, las causas de estos procesos han sido variadas, lo más peligroso de ambos fenómenos es cuando su uso es aprovechado para persecuciones políticas.
En sentido positivo las expropiaciones han constituido un instrumento jurídico histórico utilizado por los Estados para adquirir propiedad privada por causas de utilidad pública, frecuentemente con fines de desarrollo de infraestructura, nacionalización de recursos o redistribución de la riqueza. A lo largo de la historia, diversos gobiernos las han implementado con motivaciones que van desde la construcción de obras públicas hasta, en el caso de regímenes autoritarios, el control total de sectores estratégicos de la economía.
La expropiación petrolera realizada por México en 1938 es un caso emblemático, mediante la cual se nacionalizó una industria hasta entonces bajo control extranjero. La expropiación forzosa constituye un acto administrativo por el que, en razón de utilidad pública o interés social, se despoja a una persona de su propiedad o de un interés legítimo, compensándola con el pago de una indemnización.
En términos generales, la expropiación es el procedimiento legal mediante el cual el Estado, en ejercicio de su poder público, transfiere coactivamente la propiedad privada de un bien a su patrimonio por motivos de utilidad pública o interés social, siempre a cambio de una indemnización. Este mecanismo permite al Estado desarrollar proyectos de infraestructura, servicios públicos y planes urbanísticos.
Desde el punto de vista jurídico, la expropiación es un fenómeno de derecho público, constitucional y administrativo, que implica la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante una compensación económica. Puede realizarse para que el bien sea explotado directamente por el Estado o por un tercero.
La expropiación presenta dos características fundamentales:
- Es una transferencia coactiva, lo que la convierte en una actividad propia del derecho público.
- La persona expropiada tiene derecho a recibir una indemnización justa equivalente al valor económico del bien confiscado.
Los gobiernos suelen recurrir al poder de dominio eminente cuando necesitan adquirir bienes inmuebles indispensables para ejecutar proyectos públicos, como la construcción de carreteras, y el propietario se muestra reacio a negociar su venta. En muchas jurisdicciones, este poder se equilibra con el derecho a una compensación justa.
En algunos contextos, se ha utilizado el término “expropiación” para referirse a la apropiación bajo la ley del dominio eminente, especialmente en casos donde no se otorga compensación. Un claro ejemplo de ello fue la expropiación cubana con motivo de la revolución comunista de 1960, que afectó propiedades de ciudadanos estadounidenses tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Eisenhower y el de Fidel Castro. Aunque las autoridades cubanas ofrecieron compensaciones —como habían hecho con propiedades españolas, británicas y francesas—, Estados Unidos rechazó dichas ofertas, manteniendo la reclamación sobre los bienes durante décadas.
La independencia de India y Pakistán en 1947 provocó la partición de la India británica, lo que obligó a millones de personas a ser forzadas a desplazarse. Este evento resultó en un intercambio masivo y violento de poblaciones, con hindúes y sijs migrando a la India, mientras que los musulmanes se mudaron a Pakistán. La división del territorio se basó en la religión y desconoció territorios ocupados por poblaciones ancestrales, lo que generó violencia y un resentimiento que persiste hasta hoy.
Paradójicamente, decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos han permitido que corporaciones privadas desplacen a los ciudadanos de sus propiedades si el desarrollo proyectado se considera de beneficio público, lo que muestra la complejidad de equilibrar los derechos individuales con los intereses colectivos.
A lo largo de la historia también se registran expulsiones masivas y confiscaciones. En 1287, en el ducado de Gascuña (territorio de la actual Francia en esa época bajo control inglés), el rey Eduardo I ordenó la expulsión de los judíos locales. Sus propiedades fueron confiscadas por la Corona y las deudas contraídas con ellos pasaron a nombre del rey. Poco después, en 1290, Eduardo I de Inglaterra emitió el Edicto de Expulsión, que obligó a todos los judíos a abandonar el país. Sus bienes fueron transferidos a la Corona, y la medida se mantuvo vigente casi 400 años, hasta su revocación por Oliver Cromwell en 1657.
Del mismo modo, el 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos firmaron el Edicto de Granada o Decreto de la Alhambra, que ordenaba la expulsión de los judíos de las Coronas de Castilla y Aragón. Estas expropiaciones y expulsiones se asemejan a las confiscaciones sistemáticas llevadas a cabo siglos más tarde por el régimen nazi, que mediante la política de “arianización” y diversos impuestos confiscatorios despojó a los judíos de sus bienes, transfiriéndolos a manos no judías y destruyendo sus medios de vida. Esta persecución culminó con el exterminio de seis millones de judíos durante el Holocausto. Incluso en textos religiosos se encuentran referencias a actos de confiscación. En el Evangelio según San Mateo (21:12-13) se relata cómo Jesús expulsó a los mercaderes del templo, diciendo:
“Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.”
Otro ejemplo histórico es la expulsión de los griegos de Turquía, vinculada al genocidio griego (1914–1923) y al Gran Incendio de Esmirna (1922). Estos hechos culminaron con la Convención sobre el Intercambio de Poblaciones Griegas y Turcas, firmada en Lausana (Suiza) el 30 de enero de 1923, que afectó a cerca de dos millones de personas (1,5 millones de griegos anatolios y medio millón de musulmanes en Grecia). La mayoría fueron tratados como refugiados y expatriados legales forzados a salir de sus lugares de nacimiento. Para Turquía, el intercambio formalizó el éxodo de griegos de su territorio y permitió reasentar a musulmanes procedentes de Grecia en las regiones despobladas, mientras que Grecia vio en el acuerdo una forma de otorgar tierras a los nuevos refugiados.
La independencia de India y Pakistán en 1947 provocó la partición de la India británica, lo que obligó a millones de personas a ser forzadas a desplazarse. Este evento resultó en un intercambio masivo y violento de poblaciones, con hindúes y sijs migrando a la India, mientras que los musulmanes se mudaron a Pakistán. La división del territorio se basó en la religión y desconoció territorios ocupados por poblaciones ancestrales, lo que generó violencia y un resentimiento que persiste hasta hoy.
A lo largo de la historia, las expulsiones y expropiaciones han dejado profundas huellas en las sociedades, recordándonos las consecuencias de la intolerancia, la desigualdad y el abuso de poder. De estos hechos debemos aprender que toda acción que prive a un individuo o grupo de sus derechos, bienes o pertenencia social en nombre de intereses políticos, económicos o ideológicos genera fracturas difíciles de reparar.
Nos enseñan la importancia de respetar la diversidad, garantizar la justicia social y promover el diálogo sobre la imposición. Solo comprendiendo los errores del pasado y sus impactos —humanos, culturales y económicos— podremos construir un futuro más equitativo, donde las diferencias sean fuente de aprendizaje y crecimiento colectivo, y no motivo de exclusión.
Excelente tema muy bien explicado y documentado
Muy interesante escrito. En Venezuela, vivimos las expropiaciones de Chávez y el inicio de la ruina de muchas industrias.