Odebrecht: Fiscalía General imputará cargos a brasileños, españoles y uruguayos

Judicial

En la investigación han trabajado fiscales colombianos con el apoyo del FBI.

Este año, la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI), realizarán nueve imputaciones más por el escándalo de Odebrecht en Colombia.

Por el entramado de corrupción se estructuraron nuevas líneas de investigación que establecieron que otras nueve personas estarían al parecer involucradas con las maniobras ilícitas que se habrían ejecutado en Colombia.

Entre los ciudadanos contra los que se imputarán nuevos cargos se encuentran tres brasileños, dos españoles y un uruguayo.

Se trata específicamente de David Eduardo Villalba Escobar; los brasileños Amilton Hideaki Sendai,Manuel Ricardo Cabral y Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai; y a los españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo.

Del mismo modo, se imputará al uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros y al representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS, Luis Eduardo Gómez Martínez.

Por estos hechos se realizará una audiencia de imputación de cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos contra el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba Escobar; y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

Según la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario al parecer habría suscrito varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, “para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. Finalmente, el 14 de enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hacía parte Odebrecht”.

También señaló el ente investigador que las pruebas recopiladas señalan que “para garantizar esta adjudicación la constructora habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García Morales.

En ese sentido, para la Fiscalía el señor Villalba Escobar, al parecer, con pleno conocimiento y voluntad usó el cargo y su función para favorecer a la citada concesionaria”.

Banca internacional

La Fiscalía imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos a los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management.

Según la Fiscalía General, Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II.

En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato.

La actividad prevista no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por 10′890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra.

El material de prueba indica que 94% del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora.

La Fiscalía estableció que este movimiento de recursos tendría como propósito que la multinacional brasileña recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de dólares que pagó al exviceministro de transporte y exdirector del INCO, Gabriel Ignacio García Morales.

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