Los 59 congresistas que avalaron el polémico artículo que atenta contra la libertad de prensa

La Misión de Observación Electoral rechazó este espaldarazo a la controvertida iniciativa

Sigue la polémica en el país por el artículo 68 del proyecto anticorrupción, calificado de censurar a la prensa para denunciar a servidores público.

A pesar de que la Plenaria de la Cámara de Representantes eliminó las sanciones de carácter económico y carcelario que traía este artículo, aprobó que, “cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece”.

Dicho artículo recibió el apoyo de 59 congresistas entre ellos, Betty Zorro, representante a la Cámara por Cundinamarca de Cambio Radical, Teresa de Jesús Enríquez Rosero, representante a la Cámara por Nariño del Partido de la U, John Jairo Bermúdez Garcés, representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Mónica María Raigoza Morales representante a la Cámara por Antioquia del Partido de la U, Jorge Enrique Benedetti Martelo, representante a la Cámara por Bolívar de Cambio Radical y Emeterio José Montes De Castro, representante a la Cámara por Bolívar del Partido Conservador.

También fue avalado por Faber Alberto Muñoz Cerón, representante a la Cámara por Cauca del Partido de la U, Bayardo Gilberto Betancourt Pérez, representante a la Cámara de Cambio Radical, Diela Liliana Benavides Solarte, representante a la Cámara por Nariño del Partido Conservador, Milton Hugo Angulo Viveros, representante a la Cámara por Valle del Cauca del Centro Democrático, Felipe Andrés Muñoz Delgado, representante a la Cámara por Nariño del Partido Conservador.

Así mismo, José Jaime Uzcátegui Pastrana, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Eloy Chichi Quintero, representante a la Cámara por César y de Cambio Radical, Irma Luz Rodríguez Herrera, representante a la Cámara por Bogotá del partido Mira, John Jairo Roldan Avendaño, representante a la Cámara por Antioquia del Partido Liberal, Víctor Manuel Ortiz Joya, representante a la Cámara por Santander del Partido Liberal, Jaime Rodríguez Contreras, representante a la Cámara por Meta del Cambio Radical.

También fue respaldado por Óscar Tulio Lizcano González, representante a la Cámara por Caldas del Partido de la U, Henry Cuellar Rico, representante a la Cámara por Huila del Centro Democrático, Néstor Leonardo Rico Rico, representante a la Cámara por Cundinamarca de Cambio Radical, José Eliécer Salazar López, representante a la Cámara por César del Partido de la U, Aquileo Medina Arteaga, representante a la Cámara por Tolima de Cambio Radical, Hernán Humberto Garzón Rodríguez, representante a la Cámara Cundinamarca del Centro Democrático.

MOE rechazó aprobación de artículo

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE), su directora, Alejandra Barrios, señaló que “no es el Congreso de la República quien debe indicar el tono y contenido de lo que las personas hablan. La ciudadanía no tiene por qué hablar según las sensibilidades de los funcionarios y ex funcionarios públicos.

La inclusión de este artículo, señala la MOE, “restringe la veeduría que hacen la ciudadanía, medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil a los funcionarios y exfuncionarios públicos” , lo cual atenta contra los principios de una sociedad democrática que nuestra constitución garantiza desde su preámbulo y el reconocimiento de derechos como la libertad de expresión.

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que por la importancia de la discusión sobre asuntos de interés público, el derecho a la información sobre estos asuntos debe ser protegida de forma reforzada. 

“Por ello, por la naturaleza de las actividades a cargo de los funcionarios públicos, ellos deben estar sujetos a una mayor tolerancia ante la crítica y al control de su gestión pública, debiendo reducirse las restricciones al debate político o de cuestiones de interés público”.

Fuente:RCN Radio

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