La falta de conducta judicial deshace el tejido de lo que es necesario para un poder judicial funcional: ciudadanos que crean que sus jueces son justos e imparciales. El poder judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas. Por lo tanto, los jueces deben rendir cuentas ante los estándares éticos y legales. Al responsabilizarlos por su comportamiento, los exámenes de conducta judicial deben llevarse a cabo sin irrumpir en la independencia de la toma de decisiones judiciales. Esta tarea puede ser desalentadora.
Más que ninguna otra rama del gobierno, el poder judicial se erige sobre los cimientos de la confianza pública: los jueces no dirigen ejércitos de fuerzas policiales, no tienen poder sobre el presupuesto para financiar iniciativas y no pueden aprobar leyes. En cambio, dictan sentencias a partir de la ley. Sentencias que las personas deben creer que provienen de oficiales judiciales competentes, legítimos e independientes.
La falta de conducta judicial se manifiesta de distintas formas, y los estándares éticos corrigen acciones, omisiones y relaciones problemáticas que erosionan la confianza pública. Entre las demandas más comunes por falta de conducta ética cabe mencionar comportarse de manera inadecuada, incumplir con la inhabilitación de un juez envuelto en un conflicto de intereses, involucrarse en una comunicación ex parte e incumplir con la ejecución de sus tareas judiciales en su debido tiempo. El comportamiento fuera de la sala del tribunal también puede ser un problema. La supervisión de la conducta judicial no debe intentar controlar meros aspectos personales de la vida de un juez. Sin embargo, un juez puede tener una mala conducta al exhibir un comportamiento que ponga en tela de juicio la integridad judicial. Esto es cierto incluso si el mismo comportamiento se considera simplemente imprudente para el ciudadano promedio. Como suele decirse, la toga resalta la conducta. Algunos ejemplos obvios son el incumplimiento del derecho penal; la conducta sexual indebida con el personal, los abogados o las partes involucradas; la participación en organizaciones discriminatorias, y el uso de su posición judicial para satisfacer sus intereses privados.
Muchos códigos de conducta judicial también se expresan con lenguaje ambiguo que insta a los jueces a preservar la integridad del poder judicial y a evitar incluso la apariencia de la indecencia. Por ejemplo, el preámbulo del Código de Conducta Judicial de Arkansas establece que “los jueces deben preservar la dignidad del tribunal en todo momento, y evitar tanto la indecencia como la apariencia de la indecencia en sus vidas profesionales y privadas”. 1